Artículo publicado en EL PAÍS, el 11 de febrero de 2011.
Cuenta Emile Cioran en su Pequeña teoría del destino que el pueblo español estaba obsesionado consigo mismo, tanto que era imposible hablar con un español sin que la conversación girara sobre España "universo cerrado, tema de su lirismo y de sus reflexiones, provincia absoluta, fuera del mundo". Desde que se escribiera ese texto en 1956 han pasado 55 años y una dictadura; sin embargo, esas palabras no han perdido su vigencia porque seguimos obsesionados con España, muy especialmente sobre cómo organizarla territorialmente. Durante los últimos treinta años hemos tenido claro que la mejor forma de hacerlo era utilizando la autonomía, de tal forma que el poder de las Comunidades Autónomas no ha cesado de crecer, mermando el del muy antipático Estado central. Y otro tanto se puede decir de la segunda descentralización a favor de los municipios, comenzada en los años noventa y todavía pendiente de culminar, al decir de la FEMP.
Sin embargo, en los últimos años ha empezado a dudarse de la racionalidad de un Estado tan descentralizado como el nuestro. Y como las fuerzas políticas mantienen posturas discrepantes, el asunto se tiñe de ideología, dejando poco margen para los debates académicos y mucho para las opiniones apodícticas, como las emitidas por el ex presidente Aznar el mes pasado. Pero algo se puede decir con voluntad de objetividad, aunque sean obviedades de Perogrullo. Por ejemplo, si la distribución territorial del poder político tiene el único fin de servir mejor a los ciudadanos, entonces parece estadísticamente imposible que todos y cada uno de los dos mil decretos de traspaso de servicios desde el Estado a las Comunidades hayan desembocado en una mejora de la gestión pública. Y para muestra, un botón: la creación en 2005 la Unidad Militar de Emergencia -con la pirueta constitucional de apoyarse en la competencia estatal de defensa- demuestra que las Comunidades no estaban gestionando bien las catástrofes naturales. Y si miramos el asunto por el lado del gasto, sean o no 26.000 millones anuales más -como ha calculado la FAES- lo que nos cuesta la gestión autonómica frente a la centralizada, no se puede negar que la proliferación de administraciones tiene que ser por fuerza más costosa (18 directores generales de Universidades salen más caros que uno). Desde la perspectiva de la unidad de mercado, la proliferación de regulaciones dificulta la actividad económica, como cualquiera puede comprender al echar un vistazo al bosque de dieciocho leyes de cooperativas, de transporte, etc. La conclusión parece también obvia: habría que aplicar las economías de escala, que por lo demás es lo que estamos haciendo en relación con la Unión Europea. Así que no es disparatado estudiar algunas técnicas de simplificación administrativa, como reducir entes locales (disolviendo muchos municipios en comarcas y las diputaciones en las comunidades), transferir competencias autonómicas al Estado y de éste a la Unión Europea.
Pero la distribución territorial del poder político no se puede afrontar solo con criterios economicistas, pues los entes públicos no son simples empresas de servicios, sino que son también ámbitos de participación democrática y reflejo de una voluntad de autogobierno, que para complicar las cosas no tiene la misma intensidad en todo el territorio español. Por eso, los cambios en el Estado autonómico deben juntar eficiencia técnica con sensibilidad política para conseguir tanto legitimidad como buen gobierno. Conclusión tan de sentido común como vaga e imprecisa, que si algo me consuela es que no está distante de la vieja afirmación de Ortega de que el problema regional no tenía solución y que lejos de buscar fórmulas mágicas para resolverlo teníamos que limitarnos a saber conllevarlo.
Sin embargo, en los últimos años ha empezado a dudarse de la racionalidad de un Estado tan descentralizado como el nuestro. Y como las fuerzas políticas mantienen posturas discrepantes, el asunto se tiñe de ideología, dejando poco margen para los debates académicos y mucho para las opiniones apodícticas, como las emitidas por el ex presidente Aznar el mes pasado. Pero algo se puede decir con voluntad de objetividad, aunque sean obviedades de Perogrullo. Por ejemplo, si la distribución territorial del poder político tiene el único fin de servir mejor a los ciudadanos, entonces parece estadísticamente imposible que todos y cada uno de los dos mil decretos de traspaso de servicios desde el Estado a las Comunidades hayan desembocado en una mejora de la gestión pública. Y para muestra, un botón: la creación en 2005 la Unidad Militar de Emergencia -con la pirueta constitucional de apoyarse en la competencia estatal de defensa- demuestra que las Comunidades no estaban gestionando bien las catástrofes naturales. Y si miramos el asunto por el lado del gasto, sean o no 26.000 millones anuales más -como ha calculado la FAES- lo que nos cuesta la gestión autonómica frente a la centralizada, no se puede negar que la proliferación de administraciones tiene que ser por fuerza más costosa (18 directores generales de Universidades salen más caros que uno). Desde la perspectiva de la unidad de mercado, la proliferación de regulaciones dificulta la actividad económica, como cualquiera puede comprender al echar un vistazo al bosque de dieciocho leyes de cooperativas, de transporte, etc. La conclusión parece también obvia: habría que aplicar las economías de escala, que por lo demás es lo que estamos haciendo en relación con la Unión Europea. Así que no es disparatado estudiar algunas técnicas de simplificación administrativa, como reducir entes locales (disolviendo muchos municipios en comarcas y las diputaciones en las comunidades), transferir competencias autonómicas al Estado y de éste a la Unión Europea.
Pero la distribución territorial del poder político no se puede afrontar solo con criterios economicistas, pues los entes públicos no son simples empresas de servicios, sino que son también ámbitos de participación democrática y reflejo de una voluntad de autogobierno, que para complicar las cosas no tiene la misma intensidad en todo el territorio español. Por eso, los cambios en el Estado autonómico deben juntar eficiencia técnica con sensibilidad política para conseguir tanto legitimidad como buen gobierno. Conclusión tan de sentido común como vaga e imprecisa, que si algo me consuela es que no está distante de la vieja afirmación de Ortega de que el problema regional no tenía solución y que lejos de buscar fórmulas mágicas para resolverlo teníamos que limitarnos a saber conllevarlo.
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